La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación por Violaciones Graves de Derechos Humanos, mediante la cual se acreditó que elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) habrían cometido actos de tortura y aplicado una detención arbitraria en contra de empleados de una bodega ubicada en Río Blanco.
En junio de 2021, el empresario de Río Blanco José Antonio May González denunció la irrupción ilegal de elementos de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado a una bodega de su propiedad. Con videos, el empresario señaló públicamente que los elementos habrían torturado a seis de sus empleados sin motivo aparente.
Tras ello, la CNDH emitió la Recomendación 88/2023 con la que se confirma la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ya que a través de videos, testimonios y peritajes se logró acreditar que el día 19 de junio de 2021, seis personas fueron detenidas de manera arbitraria.
En el documento, con fecha del pasado 31 de enero, se indica que entre los elementos que ingresaron a la bodega se encontraba el director de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS).
Se detalla que los elementos ingresaron sin orden de aprehensión a la bodega, torturaron a sus empleados, los detuvieron arbitrariamente y les fabricaron pruebas para imputarles los delitos de ultrajes a la autoridad y contra la salud.
De la misma forma, se refiere que las víctimas no fueron detenidas en las circunstancias señaladas por la autoridad, debido a que no portaban armas de fuego y nunca agredieron a los elementos ministeriales y “simularon que las víctimas habían sido detenidas en flagrancia”.
En la resolución emitida por el organismo defensor de derechos humanos se menciona que las víctimas fueron torturadas, ya que se les asfixió con bolsas de plástico; las golpearon y amenazaron con matar a sus familiares en caso de que no firmaran las declaraciones en las que se auto inculpaban.
Tras ello, la CNDH consideró que se violaron sus derechos humanos a la integridad personal, a la libertad, legalidad, seguridad jurídica, así como a la privacidad del domicilio, con motivo de la detención arbitraria, retención ilegal y tortura.
